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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de mayo de 2022, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente Orden.
Madrid, 25 de mayo de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha supuesto un nuevo escenario, no solo en el plano geopolítico, sino que ha elevado el precio de los combustibles en Europa a niveles históricos y ha puesto de manifiesto los riesgos de una elevada dependencia energética.
El precio del gas natural que, debido al diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año, incrementándose en un 25% desde el inicio de la invasión y el petróleo prácticamente ha doblado su precio durante el último año, incrementándose un 20% desde finales de febrero de 2022.
Si bien es cierto que España figura entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania por la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales.
Se ha producido así un aumento abrupto y generalizado de costes de la energía de modo que, en línea con la reciente comunicación RePowerEU, urge acelerar en el corto plazo la transición energética intensificando las políticas y medidas en ahorro y eficiencia energética y penetración de energías renovables. Adicionalmente, es necesario abordar con carácter inmediato medidas urgentes que impliquen menores costes y una menor dependencia de combustibles fósiles importados.
Por tanto, la situación actual eleva el riesgo que presenta la dependencia energética que tiene Europa de Rusia y ya ha visto cómo al menos dos Estados Miembros de la UE han visto interrumpido su suministro de gas. La Agencia Internacional de la Energía, junto con distintos organismos internacionales, ha realizado una serie de recomendaciones dirigidas a una rápida reducción de la dependencia europea del gas natural y petróleo de origen ruso. Además de acelerar la transición energética basada en la eficiencia energética y el despliegue de renovables, promueve medidas de impacto inmediato que permitan reducir de forma inminente el consumo. Entre otras medidas, la Agencia plantea actuaciones como el ajuste de termostatos en unos pocos grados para reducir las demandas de calefacción o refrigeración o el impulso del teletrabajo, el uso del vehículo compartido o la reducción de la velocidad en autopistas. En definitiva, se trata de actuar de forma rápida y proactiva en medidas de contención de la demanda allí donde existe margen, sin alteración significativa de las condiciones de bienestar o actividad económica, para ganar resiliencia ante posibles escaladas en la tensión de precios y suministro que se está viendo.
En este sentido, la Administración General del Estado debe adoptar un papel protagonista, impulsando actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito del sector público estatal y que puedan servir, a su vez, como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa y les permita obtener, en el corto plazo, ahorros en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país. Para ello, se establecerán los mecanismos necesarios para coordinar al conjunto de las Administraciones Públicas, de manera que las medidas contenidas en este Acuerdo sirvan de guía al resto de Administraciones Públicas.
Asimismo, el compromiso permanente de las empleadas y los empleados públicos con la sociedad a la que sirven adquiere una especial relevancia en la consecución del objetivo de fomentar el ahorro energético necesario derivado de la situación de crisis energética en que estamos inmersos.
El sector público estatal debe jugar el papel que le corresponde en materia de responsabilidad social, asegurando su rol como motor e impulsor de un enfoque y una filosofía de responsabilidad social, en el convencimiento de que un compromiso con la responsabilidad social en materia energética mejorará la confianza de la ciudadanía, lo que a su vez podrá impulsar un desarrollo sostenible.
Por otra parte, más allá de este importante papel que el conjunto del sector público debe jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también reflejar el propio funcionamiento de las entidades públicas como organizaciones que prestan servicios a la ciudadanía y, por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad. De esta manera, ha de garantizarse, en todo caso, el objetivo fundamental de atención a la ciudadanía y a los servicios que esta demanda al conjunto del sector público.
Al mismo tiempo, son organizaciones que interactúan en un entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de las empleadas y empleados públicos. En este sentido, el sector público, en tanto que conjunto de organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad.
Desde el año 2021, la Administración General del Estado está abordando un ejercicio de mejora energética sin precedentes. Está movilizando un presupuesto de más de 1.070 millones de euros con cargo a la componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de un Plan de Transición Energética (PRTR) en la AGE, que actúa sobre sus edificios, infraestructuras consumidoras de energía y su movilidad. En paralelo, en cumplimiento de la disposición adicional novena de la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se está elaborando el Plan de reducción de consumo energético en la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de que centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración General del Estado, reduzcan su consumo de energía en el año 2030, en consonancia con la «Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España» y el «Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030», mediante la realización de medidas de ahorro y eficiencia energética. Este plan se publicará en los próximos meses e incluirá medidas de carácter estructural con horizontes temporales a corto, medio y largo plazo, sirviendo como base para reforzar la autonomía energética de la Administración General del Estado.
Sin embargo, la situación generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia exige acelerar los esfuerzos y las medidas con impacto más inmediato. Por ello, el 29 de marzo de 2022, el Gobierno aprobó un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, publicado por Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril, dirigidas a hacer frente, por una parte, a las necesidades derivadas de la acogida de personas ucranianas desplazadas en nuestro país y, por otra parte, a encarar las dificultades del actual escenario marcado por la incertidumbre y la alta volatilidad de los precios de la electricidad. Este Acuerdo establece, en su apartado cuarto, que el Gobierno aprobará, en el plazo de un mes, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las titulares de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, en el marco del diálogo social, con la finalidad de contribuir al ahorro y a la eficiencia energética y dos objetivos fundamentales: la racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones y la facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía.
Para cumplir el primero de estos objetivos, el plan introduce una batería de medidas de ahorro energético, entre las que destacan: el establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones y equipos consumidores de energía; la optimización del uso de los edificios administrativos, el control de las condiciones de temperatura en los locales e instalaciones climatizados; la identificación de ubicaciones en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado susceptibles de albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo o la regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios e infraestructuras dependientes de la Administración General del Estado. Se prevé, asimismo, realizar un seguimiento exhaustivo del uso racional de los consumibles utilizados diariamente en las oficinas administrativas, por su impacto indirecto en el consumo de energía. Por otra parte, los expedientes de contratación administrativa incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.
En cuanto al segundo objetivo, el Plan prevé, entre otras actuaciones, reforzar la modalidad de trabajo a distancia de las trabajadoras y trabajadores de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal, con el fin de reducir el impacto energético producido tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo derivado de la presencia física de los trabajadores.
Otra de las medidas orientadas a facilitar la prestación del servicio público de forma eficiente consiste en la promoción del uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible. En concreto, se incentivará el uso del transporte público por parte de las empleadas y empleados públicos, priorizando la apuesta por este medio de desplazamiento para aquellas personas que tengan su residencia en zonas con difícil acceso al transporte público o que el centro de trabajo se halle alejado de sus domicilios. Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta habilitando aparcamientos seguros en los edificios públicos.
El plan prevé, asimismo, medidas de carácter formativo, consistentes en la impartición de cursos a las empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad, así como actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.
Es preciso señalar que las medidas contenidas en este plan contribuirán de forma decisiva a la estrategia impulsada por el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, para promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible.
Las medidas del Plan se llevarán a cabo con los medios personales disponibles en los departamentos y organismos públicos competentes, y en conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésimo-primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Para la coordinación del Plan, se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial, presidido por ambos departamentos, con el apoyo técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública y de la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su reunión del día 24 de mayo de 2022,
ACUERDA
Se aprueba el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal que se adjunta como anexo al presente Acuerdo.
En los edificios administrativos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público institucional estatal se implantarán las siguientes medidas:
1.ª) Racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático, así como el resto de los equipos consumidores de energía, de manera que se minimice su uso energético.
2.ª) Racionalización del uso de los edificios, a través del establecimiento de medidas que mantengan un nivel óptimo de ocupación de los inmuebles.
3.ª) Control de las condiciones de temperatura en locales e instalaciones.
4.ª) Impulso de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado.
5.ª) Regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios, infraestructuras y carreteras dependientes de la Administración General del Estado, y de las entidades del sector público institucional estatal con el objeto de reducir el consumo en alumbrado exterior.
6.ª) Seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.
7.ª) Siempre que resulte conforme con la legislación de contratación pública, en los expedientes de contratación administrativa se incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.
En relación con el personal que presta sus servicios en la Administración General del Estado y en las entidades del sector público institucional estatal, el Plan prevé las siguientes actuaciones:
1.ª) El refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, a fin de reducir el impacto energético producido, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, asegurando la atención presencial a la ciudadanía.
2.ª) Promoción del uso del transporte público o colectivo y otras medidas de movilidad sostenible: Para ello, se fomentará el uso de la bicicleta habilitando aparcamientos seguros en los edificios públicos que cuentan con lugar de aparcamiento para vehículos y se promocionarán el establecimiento de rutas de transporte colectivo.
Se impartirán cursos a las empleadas y empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad mediante la realización de cursos gratuitos que se podrán realizar a través de la plataforma e-learning del IDAE.
Por último, se realizarán actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, sobre el uso de la energía en el trabajo (informática, climatización, iluminación, ventilación, agua caliente sanitaria) y su movilidad al puesto de trabajo, que serán impulsadas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de las Conferencias Sectoriales de Administración Pública y de Energía, coordinarán la adopción de medidas comunes que contribuyan a acelerar en el corto plazo la transición energética, con el objetivo de que el conjunto de las Administraciones Públicas adopten un papel protagonista para el impulso de las actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia energética.
Para la coordinación del Plan, se crea un grupo de trabajo interministerial, presidido por los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que contará con representación de los departamentos ministeriales cuyo ámbito de actuación esté relacionado con las medidas establecidas, y que contará con el apoyo técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
El seguimiento de los datos de ejecución del plan en materia energética se realizará por el IDAE, utilizando para ello el Sistema Informático de Gestión Energética de Edificios de la Administración General del Estado (SIGEE AGE).
Todos los edificios e infraestructuras de la AGE afectados por este Plan deberán estar dadas de alta en esta plataforma, disponer del código SIGEE-AGE correspondiente, y mantener actualizada la información de su estado de funcionamiento y sus datos energéticos.
Los actuales gestores energéticos, que están dados de alta en la plataforma, así como los nuevos que se incorporen, serán responsables de proporcionar la información sobre las medidas adoptadas por cada edificio.
Las medidas contenidas en este documento se han seleccionado priorizando aquellas que tengan efectos inmediatos en el corto plazo y que no requieran de elevadas inversiones. Están dirigidas a la modificación de los hábitos de consumo de un elevado número de personas, lo que requiere de medidas de acompañamiento, como formación y campañas de información y concienciación.
La aplicación de estas medidas en cada centro de trabajo deberá ser, en los supuestos contemplados por la normativa, objeto de diálogo y/o negociación con la representación de los trabajadores para incorporar las adaptaciones necesarias.
Las medidas contempladas en este Plan se encuadran en tres grandes bloques: 1) Racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones. 2) Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía y 3) Medidas formativas y de sensibilización.
1. Medidas para la racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones:
1.1 Establecimiento de horarios de encendido y apagado de las instalaciones:
La finalidad de esta medida es la optimización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones consumidoras de energía, a través de las siguientes actuaciones:
– Se procederá a los ajustes necesarios en el horario de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, de iluminación, y sistemas de ofimática (PC´s, fotocopiadoras, impresoras y fax) por zonas, para ajustarlo a los horarios de uso, sin menoscabo del confort térmico del edificio y de la calidad del aire. En particular, se garantizará su apagado durante la noche, fines de semana y festivos, excepto cuando sea imprescindible para una adecuada prestación de los servicios públicos.
– La utilización al máximo de los sistemas de ahorro energético mediante los sistemas de free-cooling con ventilación natural o forzada, obteniendo el confort térmico del edificio durante el mayor número de horas posible, sin necesidad de consumir energía en la producción de frío y/o calor, en aquellos edificios cuyas condiciones lo permitan.
– Se ajustará la disponibilidad de ascensores en función del grado de ocupación del edificio.
– Se ajustarán los horarios de limpieza del edificio a los horarios de ocupación parcial del mismo.
– Se adecuarán, lo máximo posible, los horarios de iluminación y ventilación de aparcamientos, almacenes o zonas de ocupación no permanente.
– Se procederá a la revisión de las potencias contratadas en los edificios administrativos de acuerdo con las demandas punta de consumo.
– Se realizará un programa de funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores de energía con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo de energía para distintos regímenes de ocupación y temporadas climáticas. Se incluirán las instalaciones y equipos con mayor consumo de energía. El programa establecerá el régimen horario de puesta en marcha y parada de las instalaciones, tanto para el horario laboral, como para las actividades que se realicen fuera de este horario, así como los fines de semana y condiciones especiales de uso del edificio.
Los gestores energéticos de cada sede o edificio deberán asegurar el reporte de los datos al sistema SIGEE-AGE y mantener actualizada la información de su estado de funcionamiento.
1.2 Optimización del uso de los edificios del sector público:
Los departamentos ministeriales y las entidades del sector público estatal impulsarán medidas que permitan la racionalización del uso de los edificios. Para ello, se analizarán las medidas necesarias que permitan que los servicios que prestan los empleados y empleadas públicos en régimen de jornada de tarde se concentren en tres días a la semana.
La optimización y la racionalización de los espacios en los distintos edificios administrativos, procurará en la medida de lo posible reducir los costes, mediante la unificación de servicios y la agrupación del personal en la misma sede.
Estas medidas no serán de aplicación en aquellos supuestos de prestación de servicios esenciales o de prestación directa a la ciudadanía.
1.3 Control de las condiciones de temperatura:
El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía en locales climatizados limitando las temperaturas, no superando los 19.ºC cuando sea necesario utilizar calefacción ni estando por debajo de los 27.ºC cuando sea necesario refrigerar, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional, siempre que sea posible técnicamente. Se impulsará la implementación de sistemas que permitan incorporar el control de temperaturas, de acuerdo con lo regulado en la IT 3.8 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Las actuaciones que se implantarán son las siguientes:
– Establecer un seguimiento por parte de los responsables de la gestión energética del edificio del cumplimiento de los valores límite de temperatura y humedad, de forma que la climatización de los locales se produzca con el menor consumo de energía, haciendo uso de los sistemas de free-cooling.
– La instalación de elementos automáticos de encendido y apagado y de control de iluminación y temperatura.
1.4 Despliegue masivo de instalaciones de autoconsumo:
Se articulará un sistema de identificación de ubicaciones en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal para iniciar los procedimientos que permitan albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo e instalación de los primeros 50 MW en 2022, a través de las siguientes actuaciones:
– Cada organismo público identificará las principales ubicaciones que sean más idóneas para la instalación de autoconsumo, debiendo identificar al menos una ubicación.
– Se creará el inventario de cubiertas de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, con priorización en función de superficie y consumo energético.
– Se procederá a una primera contratación de 50MW de capacidad para su instalación en 2022.
En el mes siguiente a la aprobación de este Acuerdo, los departamentos ministeriales y organismos públicos deberán identificar las cubiertas, edificios e instalaciones susceptibles de albergar estos sistemas, e iniciar el correspondiente procedimiento de contratación que permita la instalación de, al menos, los primeros 50 MW en 2022.
1.5 Control del alumbrado exterior:
Se implantará un sistema de regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de edificios, infraestructuras y carreteras (incluyendo túneles) dependientes de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, mediante:
– Ajustes en los horarios e intensidad de la iluminación exterior de los edificios. En las zonas que por razones de seguridad deban permanecer iluminadas, se estudiará reducir los niveles de iluminación.
– Los sistemas de regulación de las instalaciones de alumbrado exterior de viales tendrán la capacidad de reducir los niveles de iluminación como mínimo al 50% del valor del flujo emitido en condiciones de proyecto. Los niveles de iluminación podrán aminorarse en aquellas zonas o vías cuya intensidad de tráfico de personas o vehículos justifique su modificación, respetando las condiciones de seguridad vial.
– Los horarios de entrada en funcionamiento de los sistemas de regulación de flujo de las instalaciones de iluminación serán los siguientes:
• Invierno: entrarán en funcionamiento a las 23:00 horas, hasta la hora de apagado.
• Verano: entrarán en funcionamiento a las 00:00 horas, hasta la hora de apagado.
– Las instalaciones de iluminación de fachadas de edificios, monumentos o infraestructuras con motivos estéticos, comerciales u ornamentales y de rótulos luminosos comerciales se apagarán a la 01:00 h.
– Las instalaciones de iluminación de parques y jardines se apagarán 1 hora después del cierre.
– El horario de encendido de las instalaciones deportivas se adecuará a los horarios de las actividades deportivas.
– El alumbrado festivo y navideño se apagará a la 01:00 h., excepto en las vísperas de días festivos y en los días específicos establecidos.
1.6 Uso de consumibles:
Se llevará a cabo un seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.
1.7 Medidas en materia de contratación:
Siempre que resulte conforme con la legislación de contratación pública, se establecerán mecanismos en la contratación pública que supongan ahorros en materia energética, en los siguientes ámbitos:
– De obras y gestión patrimonial: en edificios de nueva construcción, reformas integrales o ampliaciones, se valorará la presentación de la mejor certificación energética. Asimismo, en compraventas y arrendamientos, se tendrá en cuenta en la adjudicación la mejor calificación energética.
– En la adquisición de equipamiento: se valorará la presentación de la mejor etiqueta energética en los pliegos.
– En la renovación de flotas y vehículos: contribución a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo.
– En la contratación de servicios: criterios de eficiencia energética en mantenimiento.
2. Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía:
2.1 Refuerzo del trabajo a distancia con plena garantía de la atención presencial a la ciudadanía:
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, sin perjuicio de las medidas que se detallan a continuación, reforzará la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal en las que será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de Planes de refuerzo de la atención presencial.
Asimismo se establecerán mecanismos de seguimiento destinados a facilitar la atención presencial a personas afectadas por la brecha digital.
Se implantarán medidas de un sistema de trabajo a distancia en la Administración General Estado y del sector público estatal para reducir el impacto energético y que posibilite la reducción de desplazamientos, con el consiguiente ahorro energético, así como la reducción significativa de los consumos en los centros de trabajo, en especial de climatización, equipos, iluminación, etc.
La modalidad de prestación del servicio a distancia requerirá que las funciones de los puestos de trabajo puedan ser desempeñadas a distancia y que los puestos sean declarados como tales por las subsecretarías de los departamentos ministeriales u órganos equivalentes de las entidades del sector público institucional estatal.
Esta medida se articulará a través de las siguientes actuaciones:
– Son puestos susceptibles de ser desempeñados en régimen de trabajo a distancia aquellos que pueden ser ejercidos de forma autónoma y no presencial, sin necesidad de supervisiones presenciales, atendiendo a sus características específicas, con los medios requeridos para su desarrollo y siempre que puedan realizarse las tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones en las mismas condiciones que en la modalidad presencial, accediendo al puesto por medios telemáticos y garantizando la comunicación permanente durante la jornada laboral.
La tipología de dichos puestos se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública en coordinación con las Subsecretarías de los departamentos ministeriales.
Con carácter general, no podrán desempeñarse en régimen de trabajo a distancia aquellos puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales, entendiendo por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física del trabajador.
– Tampoco serán susceptibles de trabajo a distancia aquellos puestos cuyo desempeño exija una supervisión directa o que requieran de la disponibilidad para su prestación inmediata y no programable.
– La prestación de servicios mediante teletrabajo está sujeta, en todo caso, a las necesidades del servicio y queda supeditada a que se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.
– El acceso a la prestación de servicios mediante trabajo a distancia se articulará en cada departamento ministerial o entidad a través de un sistema de gestión de solicitudes, que habrá de ser objeto de publicidad mediante resolución aprobada por la persona titular de la subsecretaría del departamento ministerial o persona titular de la presidencia o dirección del organismo público o entidad pública correspondiente.
La prestación del servicio a distancia de los puestos de trabajo así declarados en el plan de trabajo consistirá, con carácter general, en la prestación mediante trabajo a distancia de un total de tres días cada semana, debiendo acudir presencialmente dos.
Por razones organizativas debidamente acreditadas, se podrá autorizar la prestación de servicios en el sistema de trabajo a distancia, con un total de dos días cada semana por trabajo a distancia, debiendo acudir presencialmente tres.
Asimismo, con carácter excepcional, podrán establecerse otros sistemas de trabajo a distancia.
La implantación en los departamentos ministeriales o en las entidades del sector público, del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de Función Pública.
El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales que habrá de asegurarse en la jornada semanal no podrá ser inferior, en ningún caso, al 40%.
2.2 Medidas de movilidad sostenible:
Se promoverá el uso del transporte colectivo y sostenible medioambientalmente, para lo que se implantarán las siguientes medidas:
– Todos los edificios públicos con lugar de aparcamiento para vehículos implantarán espacio por aparcamientos seguros de bicicleta.
– Se promocionará el establecimiento de rutas de transporte colectivo y se impulsarán Planes de Traslado como actuaciones destinadas a incentivar que los empleados y empleadas públicos modifiquen sus hábitos de movilidad a gran escala.
3. Medidas de formación y sensibilización:
3.1 Medidas de formación:
Se promoverá la utilización eficiente de la energía en la oficina y en la movilidad mediante la realización de cursos de formación e-learning.
3.2 Información y sensibilización sobre ahorro de energía:
Se establecerán mecanismos de información y sensibilización a las empleadas y los empleados públicos sobre el ahorro de energía en su puesto de trabajo.
– El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE) realizará periódicamente actuaciones de comunicación para sensibilizar e informar sobre el ahorro energético, con el fin de lograr cambios de comportamiento de los empleados y empleadas públicos en relación con el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo.
– Medidas sobre los consumos indirectos de energía, a través del seguimiento del uso en las oficinas administrativas de papel, plásticos y consumibles usados a diario en todas las oficinas administrativas tanto de energía y materias primas como de agua, que permitan establecer medidas sobre los consumos indirectos de energía.
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